El Impacto Inflacionario sobre los Quebrantos

¿Alguna vez te has preguntado cómo la inflación afecta a tu empresa y a los impuestos que pagas? 

Puntualmente en el caso de las empresas con quebrantos acumulados. 

Comprender cómo la inflación puede afectar el ámbito fiscal y empresarial es esencial en un entorno económico en constante cambio. En este artículo, exploraremos en detalle el impacto inflacionario sobre las empresas que acumulan quebrantos. Además, analizaremos el concepto de "confiscatoriedad" en relación con este ajuste y su relevancia en el contexto legal y fiscal.

El ajuste por inflación impositivo es un conjunto de mecanismos establecidos en la Ley del Impuesto a las Ganancias, diseñados para corregir las distorsiones que la inflación puede causar en los resultados fiscales de las empresas. Sin embargo, es importante señalar que esta ley también impone limitaciones basadas en la antigua Ley de Convertibilidad de 1992, que establece un coeficiente de ajuste irrisorio de 1,0000, lo que en la práctica no refleja adecuadamente la inflación real del año actual.

Sin embargo, la Ley establece limitaciones en algunos casos basadas en la antigua Ley de Convertibilidad de 1992, que establece un coeficiente de ajuste irrisorio de 1,0000. En la práctica, esto significa que el ajuste no refleja adecuadamente la inflación real del año en curso, lo que puede resultar en cargas fiscales injustas para las empresas.

El famoso fallo judicial de Candy arrojó luz sobre este tema. En este caso, se argumentó la presencia de "confiscatoriedad", lo que llevó a la Corte Suprema a declarar inaplicables las normas que restringen la aplicación de mecanismos de actualización. Aunque el fallo se centró en el ajuste por inflación sobre el resultado del ejercicio en curso, es razonable interpretar que se aplica a todos los mecanismos que componen el sistema de ajuste por inflación impositivo, tal como se establece en la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Pero, ¿Qué es la confiscatoriedad en este contexto? Desde una perspectiva fiscal, la Corte Suprema ha afirmado en múltiples ocasiones que la prohibición o limitación de la aplicación del ajuste por inflación solo se considera inconstitucional si demuestra una afectación sustancial al patrimonio, es decir, si el impuesto absorbe una parte significativa de las ganancias. Esto significa que, si la carga tributaria resultante es excesiva y supera los límites razonables, se considera confiscatoria.

En Argentina, un país con un historial de alta inflación, las condiciones económicas pueden cambiar drásticamente en períodos cortos. Con tasas de inflación que superan cómodamente el 100% anual, la omisión de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación sobre los quebrantos acumulados podría llevar a que las empresas tributen impuestos sobre ganancias que, en realidad, estarían absorbiendo pérdidas pasadas. Esto se configuraría como un claro caso de confiscatoriedad y generaría una carga fiscal insostenible para las empresas.

Es relevante mencionar que, recientemente, la Corte Suprema emitió un fallo mayoritario en el caso "Telefónica" (Fallos: 345:1184), ratificando el criterio de confiscatoriedad mencionado anteriormente. Este caso se relaciona específicamente con la restricción de aplicar la actualización por inflación en los quebrantos de ejercicios fiscales anteriores, lo que respalda aún más el análisis realizado.

En resumen, la inflación puede tener un impacto significativo en la determinación de las ganancias empresariales y, por ende, en la carga fiscal que deben soportar las empresas. Es fundamental considerar estos aspectos técnicos y legales al momento de presentar la declaración jurada. Las empresas deben estar al tanto de los cambios en la legislación y las interpretaciones judiciales relacionadas con este tema para tomar decisiones informadas y proteger su situación financiera en un entorno económico desafiante.